El diario El Mundo recoge la resolución favorable para un grupo de 22 científicos despedidos tras un ERE mal planteado por el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF). La defensa, coordinada por el abogado Salvador Pérez desde el despacho Carrascosa & Pérez, consiguió mejorar significativamente la indemnización inicial propuesta por el centro. La sentencia obligó a pagar 33 días por año trabajado, además de un complemento salarial omitido previamente. El caso supuso un ejemplo de éxito en la defensa de los derechos laborales en el ámbito de la investigación científica pública.
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